'EUROPA NOS PROTEGE'...
Es tal la caída de derechos y la desprotección a la que nos
están sometiendo las políticas del PP, que cada vez más a menudo los tribunales
españoles deben aplicar el Derecho de la Unión Europea y el Derecho
internacional para proteger los derechos de la ciudadanía. Algunas de
estas situaciones de desprotección vienen de lejos. Pero el Gobierno Rajoy
las ha agravado y ha aumentado el número de casos en que, para garantizar
nuestros derechos, tenemos que ir a buscar tutela fuera de la legislación y los
tribunales españoles. Las familias hipotecadas y desahuciadas tuvieron que
acudir al Tribunal de Justicia de la UE ya la aplicación de las Directivas de
la UE para encontrar la protección que la legislación española les negaba y
sigue negando. Ha sido también el Tribunal de Justicia de la UE que, en
una sentencia, ha obligado al Gobierno a modificar la legislación de Seguridad
Social para evitar la desprotección en que se encontraban las personas con
contrato a tiempo parcial, mujeres en un 75% de los casos. Los Tribunales
del Orden Social se ven obligados a aplicar la Directiva de despidos colectivos
de la UE para proteger a los trabajadores despedidos por causas económicas,
ante la desprotección en que han quedado tras la Reforma Laboral de PP y
CiU. Un Juzgado del Orden Social de Barcelona ha aplicado la Carta Social
Europea para proteger los derechos de los trabajadores frente al periodo de
prueba abusivo del contrato de emprendedores de la Reforma Laboral de PP y CiU
y la inhibición del Tribunal Constitucional, que no dicta sentencia en tiempo
razonable y útil. Conocida por su repercusión social y política es la
sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina
Parot, que recuerda que, más allá del sentimiento de solidaridad con las víctimas
y el rechazo a los asesinos, las penas de prisión no pueden aplicarse con
efectos retroactivos. Y ahora, un Auto del Juzgado de Instrucción 1 de la
Audiencia Nacional ha dejado Rajoy y su Gobierno con el culo al aire desde una
perspectiva democrática. A las pocas
horas de entrar en vigor la Ley que acaba con la Justicia Universal y otorga
impunidad a mafias y dictadores, el juez Pedraz decide mantener viva la
instrucción por el asesinato de Couso, en base a la aplicación del IV Convenio
de Ginebra para la protección de los civiles en tiempo de guerra, que obliga a
los Estados firmantes a perseguir este tipo de delitos, cualquiera que sea la
nacionalidad de los responsables y el lugar donde estén. Exactamente,
lo que prohíbe la Ley Orgánica 1/2014, aprobada por trámite de urgencia y sin
debate contra los tratados y convenios internacionales suscritos por
España. La lista es mucho más larga y pone de manifiesto dos cosas: el
grado de desprotección en que nos está dejando el PP ejerciendo su peculiar concepto
de soberanía nacional y, en positivo, la importancia cada vez mayor para los
ciudadanos de la normativa de la Unión Europea y el Derecho Internacional. Quizá
sea una evidencia más de que un mundo nuevo está emergiendo, lenta pero
inexorablemente. Y que las fronteras ya no son lo que eran. Afortunadamente. Joan Coscubiela i Conesa
